La oposición sancionó en el Senado la ley de financiamiento universitario
La Cámara Alta aprobó el proyecto con 56 votos afirmativos, 11 negativos y 1 abstención. De ese modo, se busca destinar mayor presupuesto para las universidades públicas nacionales y una recomposición salarial para docentes y no docentes. El Gobierno aseguró que vetará la ley.
La oposición logró sancionar la ley que recompone el presupuesto de las universidades nacionales. Tuvo el apoyo de varias fuerzas políticas entre las que se ubican radicales, kirchneristas, fuerzas provinciales y otros bloques menores, que se impusieron por 57 votos a favor, tan sólo 10 en contra y una abstención.
Los bloques de La Libertad Avanza y algunos senadores de Pro votaron en contra.
El presidente, Javier Milei anticipó que vetará la norma, tal como lo hizo con la ley de reforma jubilatoria.
La ley determina la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado. Hacia adelante el mismo mecanismo deberá implementarse de forma mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a las casas de altos estudios.
Los fondos se repartirán en función del número de estudiantes que ingresan y alumnos de cada universidad, las carreras ofrecidas, la cantidad de egresados, los hospitales y escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión que lleven a cabo.
Se aprobaron los artículos 1°, 2°, 3°, 4 , 5°, 6°, 7°,8° y 9° en los que la ley declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario, con el finalidad de atenuar el impacto de los crecientes costos de bienes y servicios en los compromisos salariales y gastos de funcionamiento.
Se establece que el 85% de los recursos asignados se destinará a salarios, mientras que el 15% se utilizará para gastos generales, con una actualización bimestral basada en la inflación, la cotización del dólar y las tarifas de servicios públicos.
Además se faculta al Poder Ejecutivo a realizar ajustes presupuestarios para garantizar la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades, en línea con la emergencia declarada y los criterios de actualización previamente mencionados.